Hoy 31 de mayo se recuerda en el mundo, que el tabaco es un veneno para el ser humano y para quienes están alrededor del fumador. En este caso la familia y los amigos.
Francisco Neyra Montoya lo conocí como médico siquiatra del Instituto Nacional Penitenciario-INPE- del Ministerio de Justicia y ex Dirección General de Establecimientos Penales del Ministerio del Interior y del Poder Judicial el año 1974. La única persona que tenía el sistema de la administración de justicia del Perú, para certificar el estado mental del procesado o inculpado y sentenciado según sea el caso. Con su firma podría liberar a un sentenciado declarándolo anormal y que requiere ir a un hospital y no a una cárcel. Es decir, que lo declaren inimputable al procesado o sentenciado.
Luego fue el primer Secretario General de los Trabajadores Penitenciarios elegido democráticamente el año 1980 por los trabajadores a tres meses de la vigencia de la Constitución Política del año 1979 que otorgaba por primera vez el derecho a la sindicalización de los servidores públicos del estado. Producto de que el Perú fue el primer suscriptor del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT- que otorgando el derecho a la vindicación a los servidores del estado.
Lo curioso de este hecho es que las prisiones en America latina estaban militarizadas y en los países estaban en plena guerra antisubversiva como en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, etc. En el Perú los trabajadores bajo su natural liderazgo constituyeron un sindicato en las narices de los antidemócratas y que tuvo que ser respetada por la calidad del líder que era el Doctor Neyra Montoya.
Una vez que dejo el sindicato el año 1985 lo nombran Inspector General del INPE del Sector Justicia para luego jubilarse y en esas circunstancias es que le detectan la metástasis en los pulmones producto de su alto consumo de cigarros.
Recuerdo que me dijo que su consumo era de una caja diaria. Es decir, 10 cajetillas diarias- sino me equivoco- o 200 cigarrillos diario. Su pulmón no soporto tal maltrato y a fines del siglo XX nos dejo.
A mis amigos y no amigos les ruego no fumen para que la familia puedan disfrutar de ellos y de nosotros y hombres tan importantes por su calidad humana como Francisco Neyra Montoya no nos dejen tan temprano en la tarea de lograr la justicia social en el Perú.
lunes, 31 de mayo de 2010
sábado, 22 de mayo de 2010
EL CAS Y LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES ESTATALES
I
El régimen laboral de los trabajadores estatales desde el 29 de mayo de1984 es el D.L. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Sistema de Remuneraciones-DIA DEL EMPLEADO PÚBLICO- que fija el ingreso y el egreso de los trabajadores de carrera y los contratados.
A los contratados les permitían estar en esas condiciones hasta por tres años y si el cargo se mantenía, al trabajador lo promovían ingresando a la carrera. Es decir, al D.L. 276.
Antes con la D.L. 11377 ( Estatuto y Escalafón del Servicio Civil ) vigente desdel año 1950 hasta el año 1994, eran solo tres meses la situación del contratado, si pasaba los tres meses ingresaba a la carrera e inclusive al sistema pensionario del D.L. 20530 que estuvo vigente hasta el 28 de febrero del año 1974 para los servidores civiles (D. L. Nº 276) y hasta julio del año 1980 para los maestros de carrera y “finalizo” la norma el año 2004 con la reforma constitucional en el régimen de Alejandro Toledo Manrique.
Con la llegada de la Constitución Política del año 1993 el régimen laboral solo se altero para los funcionarios por que ellos ya no podían ser parte de la carrera de la administración pública y son cargos de confianza. Los que llegaron a ese nivel se mantuvieron con los sueldos congelados.
A su vez, los trabajadores del D.L. Nº 276 no se incrementaron mas bien se alentó a la deserción por invitación al retiro o evaluaciones semestrales que eran el pretexto para despedir irregularmente a los trabajadores. Los despedidos fueron cerca de 250 000 trabajadores estatales.
Pero el régimen del D.L: Nº 276 se mantuvo igual y los contratados aparecieron en planillas de los Servicios No Personales con cargos y funciones permanentes pero sin derecho al seguro y a la pensión. Aparecieron las planillas del PNUD para los funcionarios de confianza que cobraban en dólares por trabajar para el estado a pesar de que la ley de presupuesto prohibía que las remuneraciones se pagaran en dólares. Aparecieron las planillas del SIN que pagaba Montesinos a sus funcionarios. Es decir se pervirtió el sistema de remuneraciones y la carrera administrativa. Hasta 4 sistemas de remuneraciones.
Los contratos de los trabajadores estatales en la década del noventa e iniciado el siglo XXI fue por enganche a través de cooperativas de servicios que tercerizaban los contratos con el fin de que el estado no reconozca los derechos sociales de los servidores y funcionarios. Los contratos se realizaban a la tercera parte del contrato real para beneficio de los propietarios de las cooperativas, empresas de supuestos servicios temporales o especiales.
Pero el cadáver ay siguió muriendo parodiando nuestro poeta Cesar Vallejo, los trabajadores contratados sin derechos fue la herencia laboral que dejo el siglo XX ingresando al siglo XXI que encuentra el régimen laboral un desastre hecho que sirvió solo para evadir los derechos de los trabajadores a un sistema de pensiones justa y decente ( D.L. 20530 y D.L. 19990).
Con la modificación de la Constitución del 1993 (2004) impulsada por el régimen de Alejandro Toledo y los medios de comunicación como la señora Rosa María Palacios (locutora de Prensa Libre canal 4 TV) violentaron el principio de los” derechos adquiridos “con la que se construía el estado y la sociedad para sustituirlos por el principio de los “hechos cumplidos”. Los Congresistas de la Republica no dudaron en votar o abstenerse que era lo mismo o ausentarse para darle curso a semejante violación a los derechos de los trabajadores activos y pasivos.
Con el nuevo régimen político (2008) se instala el CAS- Contratos Administrativos de Servicio- a instancias de un régimen laboral que facilite la suscripción del Tratado de Libre Comercio-TLC- con los Estados Unidos de Norteamérica supuestamente para ordenar el sistema de remuneraciones y “humanizarla” sustituyendo a las cooperativas de servicios que tercerizaban el empleo. Pero sirvió para ingresar a una nueva ofensiva contra los derechos de los trabajadores recortando las vacaciones, la jornada laboral, etc. Buscando que destruir el régimen del D.L. 276 llegando inclusive a cooptar al 20% de los servidores del estado con excepción de la asesoria y consultoría.
Con el nuevo régimen constitucional modificado eliminaron del régimen laboral y pensionario; el D.L. 20530, la entrega del FONAPHU (Fondo Nacional de jubilados) a miles de trabajadores.
EL FONAPHU es propietaria de las empresas generadoras de energía eléctrica (EDEGEL) y es de crecientes utilidades que solo se ha distribuido hasta los pensionarios del año 2001. Discriminando a los del año 2001 propiamente dicho hasta el año 2010 que tienen tanto derecho como los pensionistas de antes del año 2001.
Ahora, el congreso pretende maquillar la situación de miles de profesionales que tienen años trabajando bajo el CAS sin derechos sociales, económicos y democráticos con sueldos miserables.
II
El maquillaje es por que esta ley como toda ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación ya que ninguna ley es retroactiva. Salvo que la ley diga a partir de que fecha se aplica. Si se aplicara a todos los trabajadores afectados por la ley del CAS (Decreto Legislativo Nº 1057). Es decir, el perjuicio a los servidores y funcionarios es vigente y esta ley no los resarcirá.
Además por que siguen sacrificando la carrera administrativa y el sistema de remuneraciones. Por ende el desorden continua, se profundiza y se extiende afectando cualquier proyecto nacional de largo plazo que requiere de un aparato burocrático eficiente y eficaz.
Un proyecto nacional requiere indefectiblemente de un estado que cumpla funciones programáticas básicas, esenciales y estratégicas. Para lo cual se requiere un estado cuyo tamaño tenga una proporcionalidad con la población a servir. A mayor población que requiere los servicios públicos el estado será mayor. Actualmente existe 1.8% percápita de empleados públicos y cuando lo recomendable es llegar al 5% percápita en forma gradual. De gente comprometida con el proyecto nacional y formado en una escuela nacional de la administración publica dotada de la modernidad requerida que involucre al estado con el mundo globalizado y la transparencia. Estas acciones permitirán en el horizonte dotarlo de bienestar y de seguridad como de estabilidad a los trabajadores y no como ahora que el ingreso de un gobierno implica el ingreso de una agencia de empleo sin perspectiva ni compromiso con el país sino con el gobierno de turno.
El proyecto ley que modifica el CAS no cuenta con estas variables y es una ley que seguirá contribuyendo con la agencia de empleos del gobierno de turno sin ninguna perspectiva, compromiso y continuidad con la carrera de la administración pública.
El régimen laboral de los trabajadores estatales desde el 29 de mayo de1984 es el D.L. 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Sistema de Remuneraciones-DIA DEL EMPLEADO PÚBLICO- que fija el ingreso y el egreso de los trabajadores de carrera y los contratados.
A los contratados les permitían estar en esas condiciones hasta por tres años y si el cargo se mantenía, al trabajador lo promovían ingresando a la carrera. Es decir, al D.L. 276.
Antes con la D.L. 11377 ( Estatuto y Escalafón del Servicio Civil ) vigente desdel año 1950 hasta el año 1994, eran solo tres meses la situación del contratado, si pasaba los tres meses ingresaba a la carrera e inclusive al sistema pensionario del D.L. 20530 que estuvo vigente hasta el 28 de febrero del año 1974 para los servidores civiles (D. L. Nº 276) y hasta julio del año 1980 para los maestros de carrera y “finalizo” la norma el año 2004 con la reforma constitucional en el régimen de Alejandro Toledo Manrique.
Con la llegada de la Constitución Política del año 1993 el régimen laboral solo se altero para los funcionarios por que ellos ya no podían ser parte de la carrera de la administración pública y son cargos de confianza. Los que llegaron a ese nivel se mantuvieron con los sueldos congelados.
A su vez, los trabajadores del D.L. Nº 276 no se incrementaron mas bien se alentó a la deserción por invitación al retiro o evaluaciones semestrales que eran el pretexto para despedir irregularmente a los trabajadores. Los despedidos fueron cerca de 250 000 trabajadores estatales.
Pero el régimen del D.L: Nº 276 se mantuvo igual y los contratados aparecieron en planillas de los Servicios No Personales con cargos y funciones permanentes pero sin derecho al seguro y a la pensión. Aparecieron las planillas del PNUD para los funcionarios de confianza que cobraban en dólares por trabajar para el estado a pesar de que la ley de presupuesto prohibía que las remuneraciones se pagaran en dólares. Aparecieron las planillas del SIN que pagaba Montesinos a sus funcionarios. Es decir se pervirtió el sistema de remuneraciones y la carrera administrativa. Hasta 4 sistemas de remuneraciones.
Los contratos de los trabajadores estatales en la década del noventa e iniciado el siglo XXI fue por enganche a través de cooperativas de servicios que tercerizaban los contratos con el fin de que el estado no reconozca los derechos sociales de los servidores y funcionarios. Los contratos se realizaban a la tercera parte del contrato real para beneficio de los propietarios de las cooperativas, empresas de supuestos servicios temporales o especiales.
Pero el cadáver ay siguió muriendo parodiando nuestro poeta Cesar Vallejo, los trabajadores contratados sin derechos fue la herencia laboral que dejo el siglo XX ingresando al siglo XXI que encuentra el régimen laboral un desastre hecho que sirvió solo para evadir los derechos de los trabajadores a un sistema de pensiones justa y decente ( D.L. 20530 y D.L. 19990).
Con la modificación de la Constitución del 1993 (2004) impulsada por el régimen de Alejandro Toledo y los medios de comunicación como la señora Rosa María Palacios (locutora de Prensa Libre canal 4 TV) violentaron el principio de los” derechos adquiridos “con la que se construía el estado y la sociedad para sustituirlos por el principio de los “hechos cumplidos”. Los Congresistas de la Republica no dudaron en votar o abstenerse que era lo mismo o ausentarse para darle curso a semejante violación a los derechos de los trabajadores activos y pasivos.
Con el nuevo régimen político (2008) se instala el CAS- Contratos Administrativos de Servicio- a instancias de un régimen laboral que facilite la suscripción del Tratado de Libre Comercio-TLC- con los Estados Unidos de Norteamérica supuestamente para ordenar el sistema de remuneraciones y “humanizarla” sustituyendo a las cooperativas de servicios que tercerizaban el empleo. Pero sirvió para ingresar a una nueva ofensiva contra los derechos de los trabajadores recortando las vacaciones, la jornada laboral, etc. Buscando que destruir el régimen del D.L. 276 llegando inclusive a cooptar al 20% de los servidores del estado con excepción de la asesoria y consultoría.
Con el nuevo régimen constitucional modificado eliminaron del régimen laboral y pensionario; el D.L. 20530, la entrega del FONAPHU (Fondo Nacional de jubilados) a miles de trabajadores.
EL FONAPHU es propietaria de las empresas generadoras de energía eléctrica (EDEGEL) y es de crecientes utilidades que solo se ha distribuido hasta los pensionarios del año 2001. Discriminando a los del año 2001 propiamente dicho hasta el año 2010 que tienen tanto derecho como los pensionistas de antes del año 2001.
Ahora, el congreso pretende maquillar la situación de miles de profesionales que tienen años trabajando bajo el CAS sin derechos sociales, económicos y democráticos con sueldos miserables.
II
El maquillaje es por que esta ley como toda ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación ya que ninguna ley es retroactiva. Salvo que la ley diga a partir de que fecha se aplica. Si se aplicara a todos los trabajadores afectados por la ley del CAS (Decreto Legislativo Nº 1057). Es decir, el perjuicio a los servidores y funcionarios es vigente y esta ley no los resarcirá.
Además por que siguen sacrificando la carrera administrativa y el sistema de remuneraciones. Por ende el desorden continua, se profundiza y se extiende afectando cualquier proyecto nacional de largo plazo que requiere de un aparato burocrático eficiente y eficaz.
Un proyecto nacional requiere indefectiblemente de un estado que cumpla funciones programáticas básicas, esenciales y estratégicas. Para lo cual se requiere un estado cuyo tamaño tenga una proporcionalidad con la población a servir. A mayor población que requiere los servicios públicos el estado será mayor. Actualmente existe 1.8% percápita de empleados públicos y cuando lo recomendable es llegar al 5% percápita en forma gradual. De gente comprometida con el proyecto nacional y formado en una escuela nacional de la administración publica dotada de la modernidad requerida que involucre al estado con el mundo globalizado y la transparencia. Estas acciones permitirán en el horizonte dotarlo de bienestar y de seguridad como de estabilidad a los trabajadores y no como ahora que el ingreso de un gobierno implica el ingreso de una agencia de empleo sin perspectiva ni compromiso con el país sino con el gobierno de turno.
El proyecto ley que modifica el CAS no cuenta con estas variables y es una ley que seguirá contribuyendo con la agencia de empleos del gobierno de turno sin ninguna perspectiva, compromiso y continuidad con la carrera de la administración pública.
miércoles, 5 de mayo de 2010
QUE SE VAYAN TODOS
I
Así se llamara el movimiento que nace de la indignación popular por tanta corrupción en un país donde la política se ha congelado a 1990.
Cuando el país estaba sentado en el sillón de los acusados por violación de los derechos humanos con la presencia del comando Rodrigo Franco, la desaparición y asesinato de dirigentes sindicales y políticos, con reservas internacionales negativas, con una inflación galopante solo conocida en Alemania luego de la primera guerra mundial, con un sistema vial destrozado, con una deuda externa que no se pagaba, con una política tributaria donde los ricos no pagaban impuestos, con epidemias como el cólera, el dengue, la mortandad infantil creciente, con un sistema de agua y desagüe colapsado, con apagones a diario, con un promedio de 22 muertos diarios por razones de la violencia política, con salarios que no alcanzaba ni para la sobrevivencia y con una población laboral activa y pasiva condenada a la extrema pobreza, con pequeños empresarios que renovaban sus productos a diario para sobrevivir y que terminaron quebrados con el shock económico del 8 de agosto de 1990.
Ahora el país es otro. Sin embargo, las facilidades a los empresarios sigue siendo la misma. A pesar de que las materias primas tienen precios internacionales crecientes. Los convenios de estabilidad tributaria subsisten y se fomentan inescrupulosamente por los lobbies estatales cuyas consecuencias políticas estamos viéndolo en el APRA y en el congreso. El control político es inexistente en el país.
El congreso que debe cumplir con ese papel del control político ha abdicado a la misma y es necesaria una renovación urgente de los líderes para iniciar la regeneración moral de la sociedad y del estado.
II
Las políticas congeladas de 1990 que no tienen razón en energía y minas como los convenios de estabilidad tributaria que se fijaron con el objeto de traer inversiones cuando la situación del Perú era la de un país en quiebra.
Ahora, cualquier inversión esta garantizada por el estado a ganar y no a perder utilidades, sin límites.
Los precios internacionales de los minerales siguen creciendo y particularmente el oro cuyo costo de producción es de 90 dólares la onza y su precio internacional es de 1 200 dólares la onza. Ahora que el dólar esta depreciándose los dinero tenientes se refugian en el oro para no perderla en la bolsa de valores (espacio de los timberos)
La misma situación pasa con los otros minerales. De allí la lucha por las concesiones de las minas metálicas y no metálicas que estaban en manos de posesionarlos y propietarios.
En la década del 90 los precios bajos de los minerales y la guerra interna provoco que las minas fueran abandonadas por sus propietarios. Pero, las minas siguieron siendo explotadas por los trabajadores en las peores condiciones. Ahora, con los precios internacionales estos propietarios han vuelto, otros los han vendido, los han transferidos, los han donado.
Los capitales transnacionales con el apoyo de grandes estudios de abogados en el poder judicial admiten las invasiones sobre dichas posesiones generando conflictos entre los trabajadores o simplemente continúan explotándolos con procesos judiciales en curso.
Fijar un nivel de ganancia a las inversiones es urgente para que el aprovechamiento del recurso natural no sea solo para el inversionistas sino para que las comunidades alrededor de la riqueza pueda mejorar la productividad de la localidad en profesiones afines y el recurso natural no sea objeto de depredadores irracionales que usan tecnología de punta a fin de sacar la mayor cantidad del recurso natural y acabarla en el menor tiempo posible.
Cuando el razonamiento debe ser que el recurso natural debe de tener un largo periodo de explotación de modo que los comuneros de la localidad puedan tener generaciones que disfruten del recurso y se realicen humana y profesionalmente. Como instalar una infraestructura adecuada para mejorar las condiciones de vida de población en general.
Lamentablemente los gobernantes actuales siguen abriendo las puertas al capital sin condiciones a pesar de las nuevas condiciones de un país que tiene 35 000 millones dólares de reservas internacionales netas- RIN- y una presión tributaria del 14% del PBI, una inflación del 2% a costa del sacrificio del pueblo. Los lobbistas gubernamentales solo piensan en el lucro personal antes que en el Perú.
Así se llamara el movimiento que nace de la indignación popular por tanta corrupción en un país donde la política se ha congelado a 1990.
Cuando el país estaba sentado en el sillón de los acusados por violación de los derechos humanos con la presencia del comando Rodrigo Franco, la desaparición y asesinato de dirigentes sindicales y políticos, con reservas internacionales negativas, con una inflación galopante solo conocida en Alemania luego de la primera guerra mundial, con un sistema vial destrozado, con una deuda externa que no se pagaba, con una política tributaria donde los ricos no pagaban impuestos, con epidemias como el cólera, el dengue, la mortandad infantil creciente, con un sistema de agua y desagüe colapsado, con apagones a diario, con un promedio de 22 muertos diarios por razones de la violencia política, con salarios que no alcanzaba ni para la sobrevivencia y con una población laboral activa y pasiva condenada a la extrema pobreza, con pequeños empresarios que renovaban sus productos a diario para sobrevivir y que terminaron quebrados con el shock económico del 8 de agosto de 1990.
Ahora el país es otro. Sin embargo, las facilidades a los empresarios sigue siendo la misma. A pesar de que las materias primas tienen precios internacionales crecientes. Los convenios de estabilidad tributaria subsisten y se fomentan inescrupulosamente por los lobbies estatales cuyas consecuencias políticas estamos viéndolo en el APRA y en el congreso. El control político es inexistente en el país.
El congreso que debe cumplir con ese papel del control político ha abdicado a la misma y es necesaria una renovación urgente de los líderes para iniciar la regeneración moral de la sociedad y del estado.
II
Las políticas congeladas de 1990 que no tienen razón en energía y minas como los convenios de estabilidad tributaria que se fijaron con el objeto de traer inversiones cuando la situación del Perú era la de un país en quiebra.
Ahora, cualquier inversión esta garantizada por el estado a ganar y no a perder utilidades, sin límites.
Los precios internacionales de los minerales siguen creciendo y particularmente el oro cuyo costo de producción es de 90 dólares la onza y su precio internacional es de 1 200 dólares la onza. Ahora que el dólar esta depreciándose los dinero tenientes se refugian en el oro para no perderla en la bolsa de valores (espacio de los timberos)
La misma situación pasa con los otros minerales. De allí la lucha por las concesiones de las minas metálicas y no metálicas que estaban en manos de posesionarlos y propietarios.
En la década del 90 los precios bajos de los minerales y la guerra interna provoco que las minas fueran abandonadas por sus propietarios. Pero, las minas siguieron siendo explotadas por los trabajadores en las peores condiciones. Ahora, con los precios internacionales estos propietarios han vuelto, otros los han vendido, los han transferidos, los han donado.
Los capitales transnacionales con el apoyo de grandes estudios de abogados en el poder judicial admiten las invasiones sobre dichas posesiones generando conflictos entre los trabajadores o simplemente continúan explotándolos con procesos judiciales en curso.
Fijar un nivel de ganancia a las inversiones es urgente para que el aprovechamiento del recurso natural no sea solo para el inversionistas sino para que las comunidades alrededor de la riqueza pueda mejorar la productividad de la localidad en profesiones afines y el recurso natural no sea objeto de depredadores irracionales que usan tecnología de punta a fin de sacar la mayor cantidad del recurso natural y acabarla en el menor tiempo posible.
Cuando el razonamiento debe ser que el recurso natural debe de tener un largo periodo de explotación de modo que los comuneros de la localidad puedan tener generaciones que disfruten del recurso y se realicen humana y profesionalmente. Como instalar una infraestructura adecuada para mejorar las condiciones de vida de población en general.
Lamentablemente los gobernantes actuales siguen abriendo las puertas al capital sin condiciones a pesar de las nuevas condiciones de un país que tiene 35 000 millones dólares de reservas internacionales netas- RIN- y una presión tributaria del 14% del PBI, una inflación del 2% a costa del sacrificio del pueblo. Los lobbistas gubernamentales solo piensan en el lucro personal antes que en el Perú.
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